martes, febrero 28, 2006
Cincuenta primaveras...
Cuando uno ve su primera luz un 29 de Febrero, debe de tener claro que cada año, ha de andar con cuidado para que no se le pase la fecha de su aniversario.Ese es mi caso y, aunque nunca me gustó adelantar la celebración, por lo que pudiese pasar; es tal la potencia de un 50 aniversario que ya no puedo aguantar más.Voy a celebrarlo con quien lo lea, estoy medianamente satisfecho de mi discurrir en este medio siglo, y ¡qué cojones!, no puedo por menos que manifestar mi júbilo en esta fecha mágica con un "ostentóreo": ¡Viva yo!.Gracias a todos los que os acordais, año tras año, de este ser humano, gracias...
domingo, febrero 26, 2006
Como sardinas en lata...
Sabida ya, la estrategia del nazionanismo español para desalojar del gobierno(que no del poder), a la socialdemocracia, no deja de causar perplejidad la reiteración de tópicos que logran movilizar estómagos protofascistas en pro del objetivo inconfeso.Ayer, sin ir más lejos, las cifras ofrecidas por la Brunete mediática en torno a la manifestación de Madrid, causan estupor y jolgorio entre la ciudadanía.Hablar de 1.800.000 feligreses bajo paraguas, cuando físicamente sólo cabían entre 150.000 y 200.000, nos obliga a encontrar fórmulas exóticas que justifiquen tal desafuero.
Catalunya y sus tradiciones, pues, han de acudir en auxilio del liberal-centrismo-falangismo, para cuadrar los números.Si no, imposible.
No se pueden meter 27 feligreses en un metro cuadrao, si no es utilizando la técnica castellera...
martes, febrero 21, 2006
ESCLAVOS
Publicado: Mar Feb Mar, 2006 21:0 PM Asunto: ESCLAVOS, artículo de Rosa Montero
Un pedazo de artículo. Se lo dedico a los defensores de la institución familiar ejjpañola, que parece que hay quienes la quieren amenazar. ---------------------- ESCLAVOS ROSA MONTERO EL PAÍS - Última - 21-02-2006 Hace nada fue la locura de las Navidades. Luego, el desparrame de las rebajas. Y ahora vienen los avances de temporada. Además, en estas tiendas de las que voy a hablar suelen recibir género nuevo todas las semanas. Y hay que desempaquetarlo, etiquetarlo, colocarlo. El trabajo no se acaba nunca. Me refiero a las cadenas de tiendas de ropa joven. O, al menos, a un par de ellas. Son marcas conocidísimas con precios asequibles, divertidos locales en los que siempre he gastado demasiado dinero y en los que ahora, de repente, me repugna comprar. Me escribe una lectora y me cuenta, con datos concretos, una pequeña historia de terror. Una chica con diploma universitario e inglés entra a trabajar como encargada en una tienda madrileña de una de estas cadenas, digamos XY. Tiene un sueldo de 1.000 euros al mes y hace jornadas de 15 y 16 horas diarias, con semanas enteras sin librar porque el local abre los domingos. Ha firmado un contrato por 40 horas semanales, pero hace 80 o 90, desde luego no retribuidas. Entonces nuestra amiga recibe una oferta de trabajo de otra cadena de ropa juvenil, digamos XP. Ella les explica que no quiere más dinero, pero sí que le respeten el horario. Por supuesto, le dicen. La joven se despide de XY y empieza en la otra tienda. El primer día sale a las 12.30 de la noche. Y al día siguiente, a las 3.30 de la madrugada. Tras varias jornadas semejantes, llama desesperada a Dirección. Sí, le dicen; has firmado 40 horas, pero no se van a cumplir. A este despampanante descaro, a este despotismo colosal hemos llegado en la democracia, tras doscientos años de luchas sindicales. Inmenso logro el nuestro. Naturalmente, estos nuevos negreros saben de quién abusan. Acuérdate de ellas, de esas dependientas amables y eficientes, chicas muy jóvenes, normalmente con baja formación, necesitadas de trabajo e ignorantes de sus propios derechos. Lo que más me asquea es esa imagen de modernidad y de falsa alegría que intentan dar estas tiendas, cuando en realidad son centros de esclavitud. ¿O a lo peor es que la modernidad es justamente eso? Por cierto: ni siquiera ha sido la chica quien me ha escrito, sino su madre. Ella estaba demasiado ocupada trabajando.
Un pedazo de artículo. Se lo dedico a los defensores de la institución familiar ejjpañola, que parece que hay quienes la quieren amenazar. ---------------------- ESCLAVOS ROSA MONTERO EL PAÍS - Última - 21-02-2006 Hace nada fue la locura de las Navidades. Luego, el desparrame de las rebajas. Y ahora vienen los avances de temporada. Además, en estas tiendas de las que voy a hablar suelen recibir género nuevo todas las semanas. Y hay que desempaquetarlo, etiquetarlo, colocarlo. El trabajo no se acaba nunca. Me refiero a las cadenas de tiendas de ropa joven. O, al menos, a un par de ellas. Son marcas conocidísimas con precios asequibles, divertidos locales en los que siempre he gastado demasiado dinero y en los que ahora, de repente, me repugna comprar. Me escribe una lectora y me cuenta, con datos concretos, una pequeña historia de terror. Una chica con diploma universitario e inglés entra a trabajar como encargada en una tienda madrileña de una de estas cadenas, digamos XY. Tiene un sueldo de 1.000 euros al mes y hace jornadas de 15 y 16 horas diarias, con semanas enteras sin librar porque el local abre los domingos. Ha firmado un contrato por 40 horas semanales, pero hace 80 o 90, desde luego no retribuidas. Entonces nuestra amiga recibe una oferta de trabajo de otra cadena de ropa juvenil, digamos XP. Ella les explica que no quiere más dinero, pero sí que le respeten el horario. Por supuesto, le dicen. La joven se despide de XY y empieza en la otra tienda. El primer día sale a las 12.30 de la noche. Y al día siguiente, a las 3.30 de la madrugada. Tras varias jornadas semejantes, llama desesperada a Dirección. Sí, le dicen; has firmado 40 horas, pero no se van a cumplir. A este despampanante descaro, a este despotismo colosal hemos llegado en la democracia, tras doscientos años de luchas sindicales. Inmenso logro el nuestro. Naturalmente, estos nuevos negreros saben de quién abusan. Acuérdate de ellas, de esas dependientas amables y eficientes, chicas muy jóvenes, normalmente con baja formación, necesitadas de trabajo e ignorantes de sus propios derechos. Lo que más me asquea es esa imagen de modernidad y de falsa alegría que intentan dar estas tiendas, cuando en realidad son centros de esclavitud. ¿O a lo peor es que la modernidad es justamente eso? Por cierto: ni siquiera ha sido la chica quien me ha escrito, sino su madre. Ella estaba demasiado ocupada trabajando.
domingo, febrero 19, 2006
jueves, febrero 16, 2006
LXX Aniversario del triunfo del Frente Popular
Programa del Frente Popular
(Publicado en Madrid el 15 de enero de 1936)
Los partidos republicanos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno, que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y, además, la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas u obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar, en tales condiciones, el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.
Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen:
I
A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.
II
Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados.
III
Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por las fuerzas revolucionarias o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.
En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados:
Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. La Ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reformas, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.
Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.
Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales Contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos o incomunicaciones no decretadas judicialmente.
Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.
IV
Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados del partido socialista. En cambio, consideran conveniente una serie de medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción económica nacional.
Para la reforma de la propiedad de la tierra, dictarán nueva Ley de Arrendamientos. Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas de la nobleza.
Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa, según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.
En consecuencia, procederá un sistema de leyes que fije las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado dispense en interés de la producción nacional, promoviendo el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento.
V
Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios.
Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego o implantación de regadío y transformación de terreno.
Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, han de cumplir, no sólo su finalidad propia, sino también e] cometido esencial de absorber e] paro.
VI
La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, desconocer que fuerzas tan sutiles como las del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción, ni estimular de fuera el campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; reconocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar, señalamos las siguientes medidas:
Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.
Someter la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan su liquidez. Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro para que cumplan su papel en la creación de capitales. Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito público en finalidades de consumo.
VII
La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista. Convienen en:
Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios.
Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia.
Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos.
(Publicado en Madrid el 15 de enero de 1936)
Los partidos republicanos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno, que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y, además, la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas u obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar, en tales condiciones, el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.
Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen:
I
A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.
II
Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados.
III
Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por las fuerzas revolucionarias o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.
En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados:
Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. La Ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reformas, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.
Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.
Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales Contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos o incomunicaciones no decretadas judicialmente.
Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.
IV
Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados del partido socialista. En cambio, consideran conveniente una serie de medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción económica nacional.
Para la reforma de la propiedad de la tierra, dictarán nueva Ley de Arrendamientos. Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas de la nobleza.
Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa, según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.
En consecuencia, procederá un sistema de leyes que fije las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado dispense en interés de la producción nacional, promoviendo el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento.
V
Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios.
Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego o implantación de regadío y transformación de terreno.
Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, han de cumplir, no sólo su finalidad propia, sino también e] cometido esencial de absorber e] paro.
VI
La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, desconocer que fuerzas tan sutiles como las del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción, ni estimular de fuera el campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; reconocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar, señalamos las siguientes medidas:
Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.
Someter la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan su liquidez. Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro para que cumplan su papel en la creación de capitales. Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito público en finalidades de consumo.
VII
La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista. Convienen en:
Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios.
Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia.
Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos.
lunes, febrero 06, 2006
Fabricantes de separatistas a granel /Enric Sopena
Fabricantes de separatistas a granel
Se ha abierto una causa general política contra los nacionalistas
Los partidos nacionalistas se están transformando en la madre de casi todos los males. Al Estatut se le combate con el añadido, que no viene de ahora, de que los nacionalismos son perversos. Un repaso por la historia reciente llevaría a la conclusión de que los partidos nacionalistas son partidos democráticos cuya trayectoria no empezó el día después del 20-N de 1975. Ayer Pedro J. Ramírez aseguraba en El Mundo que “empezamos permitiéndoles que sustituyeran los símbolos comunes por los excluyentemente suyos”.
La ofensiva contra el Estatut –que por ahora parece seguir otorgando todavía réditos al PP, según la encuesta de La Vanguardia de ayer- se va transformando, de modo acelerado, de acuerdo con las previsiones del guión o la hoja de ruta en una descalificación global de los nacionalismos periféricos. El artículo dominical de Pedro J. Ramírez certifica esta estrategia empujada por el PP con la cooperación de los medios afines. La derecha actúa “sin complejos” desde el liderazgo de Aznar. Al nacionalismo español –que es una la las señas de identidad de los conservadores- le sucede lo mismo.PerdonavidasErigiéndose en perdonavidas, Ramírez escribe cosas como éstas: “Empezamos permitiéndoles que sustituyeran los símbolos comunes por los excluyentemente suyos de forma que la bandera del PNV lo fue de una Comunidad Autónoma Vasca (...) y la añeja canción de guerra de media Cataluña se convirtió en el himno moderno de toda ella”.Carta Otorgada, noSilencia el director de El Mundo algunos hechos incontrovertibles. La transición, es decir, el tránsito de la dictadura a la democracia -a pesar de que se llevó a cabo bajo la presión de los poderes fácticos del franquismo, como el Ejército-, no se construyó gracias a una especie de Carta Otorgada. No se trataba de “permitir” nada de arriba abajo, sino de llegar entre todos a acuerdos. Fue un proceso de negociación y pacto, situados todos los actores en pie de igualdad.La transición Participaron en la transición desde AP, UCD, PSOE hasta el PCE y otros partidos más a la izquierda. Pero también estuvieron presentes y con relevante protagonismo los partidos nacionalistas, aunque desde el inicio no estuviera, por cierto, ERC. Esquerra no fue legalizada antes de las elecciones de 1977 y tuvo que concurrir a ellas con otra denominación.Símbolos ¿comunes?Silencia Ramírez que los símbolos nacionales o estatales, que él describe como comunes -comunes se supone para todos los españoles- eran entonces, tras la muerte del dictador, los del franquismo, impuestos vía bayonetas por los vencedores de la guerra: desde la bandera rojigualda al himno nacional incluyendo al Rey designado para esa función por el Caudillo. Luego unos fueron mejorados, como la bandera, y, ciertamente, el Rey dejó de ser –por fortuna para este país- el heredero de Franco para convertirse en un poderoso agente del cambio. El himno nacional es idéntico.No sólo Carrillo¿Escribiría Ramírez que Carrillo, por ejemplo, fue el que permitió –utilizando su mismo vocablo- que continuara la bandera bicolor y quien asumió la Monarquía? No sólo fue Carillo. Aceptaron la continuidad básica de los símbolos también los dirigentes de la mayoría de los partidos que habían estado en la oposición al Régimen: desde la izquierda a los nacionalistas.Jordi PujolSostiene Ramírez -en su alegato contra los nacionalistas- que “aprendimos a bailarle el agua al Molt Honorable President.” ¿Ha olvidado también el director de El Mundo que Jordi Pujol, cuando ya era banquero, fue condenado por un Consejo de Guerra, estuvo preso en la cárcel de Zaragoza e hizo cuanto pudo –desde su lógica política, naturalmente- para terminar con el tirano.Amplio respaldoMis coincidencias ideológicas con el PNV, CiU, ERC o BNG son más bien escasas, por no decir inexistentes en relación a sus programas nacionalistas de máximos y, en algunas cuestiones, de mínimos. Pero estos partidos y otros cuentan con el respaldo, desde hace muchos años, de amplios sectores de la sociedad vasca, catalana y gallega. Después del 20-NSon, sobre todo, partidos democráticos cuyo recorrido no empezó curiosamente el día después del 20-N de 1975. Estaban ya con anterioridad donde era incómodo y muy arriesgado estar, con Franco vivito y coleado. Estuvieron junto a las izquierdas españolas en la Assemblea de Catalunya, en la Junta Democrática y en la Plataforma Democrática. También, claro, en la Platajunta. Acumulan errores, contradicciones, irregularidades y hasta corrupciones: más o menos como todos.Raíces inquisitorialesMontar una causa general –eso sí, de carácter político fundamentalmente- contra las formaciones nacionalistas sólo conduce a enfrentamientos o conflictos entre comunidades. Contribuye a enquistar peligrosamente rencores que más tarde son difíciles de superar. El historiador Francisco Espinosa ha profundizado en el concepto de causa general –de raíces inquisitoriales- y ha subrayado que “la causa general, un gran proceso abierto (...) para informar “de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio hasta la liberación”, comenzó oficialmente en abril de 1942, con una iniciativa (...) promovida directamente por Franco”.Los salvadores Habrá que puntualizar a estas alturas que evocar todo aquello de “la conspiración de rojos, masones y separatistas” sirvió de justificación durante décadas a cuantos salvaron de forma sangrienta España? ¿Cuándo entenderán algunos que con frecuencia los separadores son precisamente fabricantes de separatistas a granel?
Se ha abierto una causa general política contra los nacionalistas
Los partidos nacionalistas se están transformando en la madre de casi todos los males. Al Estatut se le combate con el añadido, que no viene de ahora, de que los nacionalismos son perversos. Un repaso por la historia reciente llevaría a la conclusión de que los partidos nacionalistas son partidos democráticos cuya trayectoria no empezó el día después del 20-N de 1975. Ayer Pedro J. Ramírez aseguraba en El Mundo que “empezamos permitiéndoles que sustituyeran los símbolos comunes por los excluyentemente suyos”.
La ofensiva contra el Estatut –que por ahora parece seguir otorgando todavía réditos al PP, según la encuesta de La Vanguardia de ayer- se va transformando, de modo acelerado, de acuerdo con las previsiones del guión o la hoja de ruta en una descalificación global de los nacionalismos periféricos. El artículo dominical de Pedro J. Ramírez certifica esta estrategia empujada por el PP con la cooperación de los medios afines. La derecha actúa “sin complejos” desde el liderazgo de Aznar. Al nacionalismo español –que es una la las señas de identidad de los conservadores- le sucede lo mismo.PerdonavidasErigiéndose en perdonavidas, Ramírez escribe cosas como éstas: “Empezamos permitiéndoles que sustituyeran los símbolos comunes por los excluyentemente suyos de forma que la bandera del PNV lo fue de una Comunidad Autónoma Vasca (...) y la añeja canción de guerra de media Cataluña se convirtió en el himno moderno de toda ella”.Carta Otorgada, noSilencia el director de El Mundo algunos hechos incontrovertibles. La transición, es decir, el tránsito de la dictadura a la democracia -a pesar de que se llevó a cabo bajo la presión de los poderes fácticos del franquismo, como el Ejército-, no se construyó gracias a una especie de Carta Otorgada. No se trataba de “permitir” nada de arriba abajo, sino de llegar entre todos a acuerdos. Fue un proceso de negociación y pacto, situados todos los actores en pie de igualdad.La transición Participaron en la transición desde AP, UCD, PSOE hasta el PCE y otros partidos más a la izquierda. Pero también estuvieron presentes y con relevante protagonismo los partidos nacionalistas, aunque desde el inicio no estuviera, por cierto, ERC. Esquerra no fue legalizada antes de las elecciones de 1977 y tuvo que concurrir a ellas con otra denominación.Símbolos ¿comunes?Silencia Ramírez que los símbolos nacionales o estatales, que él describe como comunes -comunes se supone para todos los españoles- eran entonces, tras la muerte del dictador, los del franquismo, impuestos vía bayonetas por los vencedores de la guerra: desde la bandera rojigualda al himno nacional incluyendo al Rey designado para esa función por el Caudillo. Luego unos fueron mejorados, como la bandera, y, ciertamente, el Rey dejó de ser –por fortuna para este país- el heredero de Franco para convertirse en un poderoso agente del cambio. El himno nacional es idéntico.No sólo Carrillo¿Escribiría Ramírez que Carrillo, por ejemplo, fue el que permitió –utilizando su mismo vocablo- que continuara la bandera bicolor y quien asumió la Monarquía? No sólo fue Carillo. Aceptaron la continuidad básica de los símbolos también los dirigentes de la mayoría de los partidos que habían estado en la oposición al Régimen: desde la izquierda a los nacionalistas.Jordi PujolSostiene Ramírez -en su alegato contra los nacionalistas- que “aprendimos a bailarle el agua al Molt Honorable President.” ¿Ha olvidado también el director de El Mundo que Jordi Pujol, cuando ya era banquero, fue condenado por un Consejo de Guerra, estuvo preso en la cárcel de Zaragoza e hizo cuanto pudo –desde su lógica política, naturalmente- para terminar con el tirano.Amplio respaldoMis coincidencias ideológicas con el PNV, CiU, ERC o BNG son más bien escasas, por no decir inexistentes en relación a sus programas nacionalistas de máximos y, en algunas cuestiones, de mínimos. Pero estos partidos y otros cuentan con el respaldo, desde hace muchos años, de amplios sectores de la sociedad vasca, catalana y gallega. Después del 20-NSon, sobre todo, partidos democráticos cuyo recorrido no empezó curiosamente el día después del 20-N de 1975. Estaban ya con anterioridad donde era incómodo y muy arriesgado estar, con Franco vivito y coleado. Estuvieron junto a las izquierdas españolas en la Assemblea de Catalunya, en la Junta Democrática y en la Plataforma Democrática. También, claro, en la Platajunta. Acumulan errores, contradicciones, irregularidades y hasta corrupciones: más o menos como todos.Raíces inquisitorialesMontar una causa general –eso sí, de carácter político fundamentalmente- contra las formaciones nacionalistas sólo conduce a enfrentamientos o conflictos entre comunidades. Contribuye a enquistar peligrosamente rencores que más tarde son difíciles de superar. El historiador Francisco Espinosa ha profundizado en el concepto de causa general –de raíces inquisitoriales- y ha subrayado que “la causa general, un gran proceso abierto (...) para informar “de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio hasta la liberación”, comenzó oficialmente en abril de 1942, con una iniciativa (...) promovida directamente por Franco”.Los salvadores Habrá que puntualizar a estas alturas que evocar todo aquello de “la conspiración de rojos, masones y separatistas” sirvió de justificación durante décadas a cuantos salvaron de forma sangrienta España? ¿Cuándo entenderán algunos que con frecuencia los separadores son precisamente fabricantes de separatistas a granel?
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