De Malta vingueren...

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatirá un texto de condena del régimen franquista Denuncia las "graves violaciones" de DDHH y pide que el 18 de julio de 2006 sea declarado "día oficial de condena de la dictadura"Redacción / EL PAIS
El Comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) debatirá el próximo 17 de marzo en París una propuesta de condena internacional de las "graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista entre 1939 y 1975", en la que aboga por establecer el 18 de julio de 2006 como "día oficial de la condena de la dictadura franquista". El proyecto de recomendación, preparado por el maltés Leo Brincat, del Grupo Socialista, fue presentado el pasado 4 de noviembre y establece que "la violación de los Derechos Humanos no es un asunto interno que afecte a un solo país" y que el Consejo de Europa debería propiciar "un debate serio sobre este asunto a nivel internacional".El texto denuncia que Franco llevó a cabo "una política de represión contra cualquier individuo suceptible según él de constituir una amenaza para el nuevo régimen". Como consecuencia de ello, "miles de republicanos fueron ejecutados sumariamente o enviados a prisiones, y otros muchos fueron sometidos a diversas formas de sanciones políticas o económicas"."Franco no sólo ejerció represalias muy duras contra sus oponentes, sino que también creó un sistema político que negaba a la mayoría de los españoles el ejercicio de las libertades y derechos individuales", añade.La propuesta afirma que el debate público sobre este tema comenzó en España en los años ochenta, y "se ha intensificado de hecho con la administración actual" en un intento por "establecer un inventario completo sobre los crímenes de la dictadura de Franco"."La Asamblea espera que el debate actualmente en curso en España conduzca a un examen y evaluación completa y profunda de las acciones y los crímenes del régimen franquista", señala el texto, que asegura que "el conocimiento de la historia es una de las condiciones para evitar que se repitan los mismos errores del pasado", aparte de que "la evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juega un papel importante en la educación de las nuevas generaciones".Por todo ello, el informe de Brincat propone que se adopte "una declaración oficial de condena del régimen franquista a nivel internacional" y se declare "el 18 de julio de 2006 como "día oficial de condena del régimen de Franco", dado que se conmemorará el 70 aniversario del inicio de la guerra civil en España y del derrocamiento del Gobierno por parte de Franco".COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓNAsimismo, insta al Gobierno español a "poner en marcha una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo el régimen franquista, que presente su informe al Consejo de Europa", y a que ponga "a disposición de todos los historiadores e investigadores el conjunto de los archivos sobre el régimen franquista que puedan contener documentos que permitan establecer la verdad sobre la represión".Aparte, propone a Madrid que instale "una exposición permanente en la basílica subterránea del Valle de los Caídos, en la provincia de Madrid --donde el general Franco está enterrado--, que explique que fue construida por prisioneros republicanos", y que anime a las autoridades locales "a erigir monumentos en memoria de las víctimas del régimen franquista en la capital española y en otras grandes ciudades del país".LOS HECHOSEl informe reconoce que el número total de víctimas sigue siendo controvertido. "En los inicios de la guerra, más de 50.000 personas se encontraron en el "lado malo" de la línea de frente y fueron asesinados o ejecutados sumariamente", señala. "Las cifras son probablemente comparables en las dos líneas de frente", añade."Inmediatamente después del final de los combates militares, el régimen franquista impuso la ley marcial en toda España", mediante un "sistema de justicia militar expeditiva para juzgar a sus "oponentes", término que abarcaba a cualquier persona que hubiera servido voluntariametne en el Ejército republicano o que hubiera expresado su apoyo a la República".El texto afirma que en los años cuarenta, los presos políticos fueron "extremadamente numerosos en España" y asegura que las propias cifras oficiales del régimen ("que los historiadores consideran por lo general infravaloradas") hablan de 300.000 presos para una población de 25,9 millones de habitantes. En 1940, "la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi", asegura el informe. Asimismo, "en 1944, un portavoz del Ministerio de Justicia franquista reconoció que más de 190.000 presos habían sido ejecutados o habían muerto en prisión". Por entonces, el ministro era Eduardo Aunós Pérez. "Las fosas comunes atestiguan de la forma más terrible los medios utilizados por Franco para establecer su poder", añade la propuesta de recomendación.El informe habla también sobre los "campos de concentración y batallones de trabajo forzado", en los que "miles de personas, incluidos mujeres y niños, fueron "reeducados"", y cita un informe de 1953 de la Comisión Internacional contra el Régimen de Concentración en el que, tras una visita a España, denuncia "malos tratos físicos y psicológicos" contra los presos.Otro tema sobre el que llama la atención el informe es el caso de los "niños perdidos", hijos de presas "cuyo nombre fue moficado para pemitir su adopción por familias favorables al régimen", al tiempo que denuncia "las violaciones sexuales y los malos tratos físicos y psicológicos" a que se sometía a las mujeres detenidas en las comisarías de policía.Por otra parte, "las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión o el derecho de asociación, estaban totalmente reprimidos" y cualquier crítica "al régimen estaba considerada un crimen; los partidos políticos estaban prohibidos y el sufragio universal abolido", prosigue. En este contexto, "los artistas e intelectuales se vieron forzados a exiliarse u obligados al silencio" y "la influencia de la ideología oficial era perceptible en los programas educativos, incluidos los manuales escolares"."PACTO DE SILENCIO"La propuesta denuncia también el "proceso de destrucción de archivos" iniciado por el Gobierno en 1965 y lamenta que no se tomara ninguna medida para proteger los documentos hasta 1985, "diez años después de la muerte de Franco". Asimismo, recuerda que "las elites franquistas aceptaron la transición y la vuelta a la democracia a cambio de una amnistía política de hecho, basada en un "pacto de silencio"", en virtud de la cual "ninguna persona sería citada para rendir cuentas ante la Justicia ni se crearía una Comisión de "Verdad y Reconciliación"".En todo caso, el informe valora los esfuerzos efectuados en los últimos años para esclarecer los hechos, sobre todo por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la cual, recuerda, ya ha exhumado desde 2000 los restos de más de cien personas. "Están previstas otras muchas exhumaciones a petición de las familias de los desaparecidos, cuyo número se estima en cerca de 30.000", prosigue."Aun cuando algunos presos políticos del franquismo han tenido formalmente la posibilidad de obtener una indemnización financiera en aplicación de la ley adoptada en 1990-92 por el Gobierno socialdemócrata, el conservador Partido Popular, en el poder entre marzo de 1996 y marzo de 2004, bloqueó este proceso trasladando la cuestión de la indemnización a los Gobiernos autonómicos de España, donde los representantes del PP siguen oponiéndose a estas iniciativas", lamenta el texto.